Considera que el primer paso para la inclusión efectiva de la población con discapacidad es reconocer que es titular de derechos que obligan al Estado a garantizar su ejercicio. Según el Conpes Social 166 (2013): Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino,

sujetos con derecho a exigir prestaciones y conductas en un marco de deberes y de corresponsabilidad. (pp.16-17)